El Partido Social Patagónico (PSP) es una organización política provincial con  proyección a la región patagónica en su conjunto. Su riqueza social, civil y política está simbolizada en la integración de muchos ciudadanos y ciudadanas que fueron y son partícipes de la historia de Tierra del Fuego. 

El Partido Social Patagónico, como organización, es la herramienta política del cambio social y cultural que deseamos. Es el partido de la democracia, de la constitucionalidad, de la dignidad del pueblo y del progreso. Necesitábamos un partido nuevo que, en alianza con otros partidos y organizaciones, sea la expresión de la pluralidad y al mismo tiempo de la inmensa masa ciudadana todavía no organizada. 

El camino del Partido Social Patagónico no es por tanto un camino fácil. El desafío debe librarse en frentes múltiples: en la organización misma del partido en los municipios y comunas, en propuestas cada vez más claras, políticas, económicas, culturales y sociales igualitarias e inclusivas; en el cumplimiento de sus compromisos de gobierno y legislativos, en la solidaridad activa con las demandas populares y vinculando al partido con las organizaciones sociales, ampliando alianzas, cuidando y depurando las formas de trabajo partidario. 

Aquí está la tarea y el compromiso, representar una perspectiva real de cambio, que ya iniciamos en 2007 y que, si se conduce con apego a sus principios políticos, se conservará siempre en los terrenos de la democracia, la ampliación de derechos y la legitimidad. 

Queremos que nuestra organización sea un instrumento de la sociedad, y no tan sólo de sus miembros o dirigentes, y para ello tendrá que dar en sus normas democráticas, en su vida interna, en la transparencia de sus recursos, en la libertad de sus tendencias y corrientes en su seno, en la unidad y en el respeto de las decisiones colectivas y, sobre todo, en la conducta personal de cada uno y cada una de sus miembros, la imagen tangible de aquello que propone para la provincia, la región y para la sociedad. 

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO  

Entendemos la propiedad privada como una realidad que se ha instituido como un  derecho pero que, a la vez, en el proceso socio-económico de su acumulación, junto a  la desigualdad de género, el racismo y la violencia política, es la fuente de muchas de  las desigualdades que nos atraviesan como sociedad. El capital debe tender al servicio  de la economía social y tener como principal objetivo el bienestar de la comunidad. Su  desarrollo debe ser armónico, integrador de las economías regionales, potenciador de  las diversas actividades productivas y respetuoso de los derechos humanos y el  ambiente. 

Privilegiamos y alentamos la generación de mayor número y calidad de empleos  promoviendo el desarrollo de las PYMES, fomentando la innovación tecnológica y la  diversificación productiva entendiendo la complejidad y desafíos de un mundo que  requiere nuevos servicios, a la vez que apostamos a la protección y valorización de las  técnicas artesanales y ancestrales.  

Entendemos el tributo como la contribución que sostiene la prestación de servicios del  Estado y la organización de las finanzas públicas con un criterio de redistribución de la  riqueza generada por el pueblo, por lo que promovemos una reforma tributaria que  rompa con el modelo de acumulación económica en beneficio del capital financiero y de  especulación. Las ganancias extraordinarias o cuya acumulación no resulte beneficiosa para el desarrollo colectivo debe ser desalentada frente a los escenarios  contemporáneos de injusticia social y desigualdad.  

El empleo es considerado un derecho fundamental, y debe ser desarrollado en el marco  más amplio de derechos, garantizando la satisfacción de las necesidades materiales,  pero también simbólicas, de los trabajadores y las trabajadoras.  

La articulación de las políticas educativas con el mundo laboral, la inversión en  investigación aplicada e innovación tecnológica y productiva, son prioridades que deben  ser atendidas para crear condiciones confiables y seguras para la radicación de  capitales a los fines de lograr una masiva inversión productiva, generadora de riqueza y  trabajo.  

Es fundamental tender a la optimización de los recursos presupuestarios y su aplicación  razonable y directa, evitando intermediaciones innecesarias. También estimular la radicación de pequeñas y medianas empresas, entendidas como  generadoras de empleo y bienes, facilitando el acceso al crédito que permita su mejor  desarrollo. 

El problema estructural del desempleo y el crecimiento requieren de un vigoroso  desarrollo industrial. Este desarrollo necesita de créditos e inversiones que a su vez  requieren de seguridad y estabilidad jurídicas, de un desarrollo de infraestructura y  tecnologías, y de una equilibrada y justa aplicación impositiva. Las principales funciones  del Estado Provincial deben estar orientadas a crear el marco y las condiciones ideales  para asegurar la competitividad de las empresas y controlar que los distintos sectores  lleven adelante sus actividades sin vulnerar derechos individuales y colectivos;  asumiendo las responsabilidades inherentes a su actividad. 

ROL DEL ESTADO, PARTICIPACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y  FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 

Entendemos como fundamental recuperar el rol que le corresponde a la política como  ámbito de expresión, opinión, discusión y resolución de las disyuntivas de las  sociedades modernas en el marco de un sistema democrático. En tal sentido  concebimos como necesario el desarrollo de mecanismos para reformas institucionales  de fondo, revisando las lógicas de representación política, promoviendo reformas  legales a las normativas de los partidos políticos, propendiendo a la utilización de los  mecanismos de democracia directa y semi directa de que dan cuenta los artículos 39 y  40 de la Constitución Nacional. 

Aspiramos que los cargos electivos de todas las categorías permitan una única  reelección consecutiva, en beneficio de un funcionamiento democrático renovado y  transparente, y a fortalecer la participación y el control ciudadano de la gestión pública  y de los servicios tercerizados.

Pretendemos rearticular la relación entre el Gobierno y la ciudadanía, generando  mecanismos de control de gestión, información pública, favoreciendo la  institucionalidad, la transparencia y el funcionamiento del sistema de partidos políticos  y del régimen electoral, y fortalecer el Poder Legislativo y todas aquellas instancias de  deliberación pública, a fin de consolidar la capacidad política de resolución de problemas  y superación de la desconfianza institucional instaurada. 

POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS

En el marco de la promoción del desarrollo comunitario, los Derechos Humanos y las  Políticas Sociales, concebimos todos estos aspectos con un criterio integral que merece  un abordaje profundo, reparando la exclusión social de amplios sectores que aún no  acceden a los bienes necesarios, sean estos económicos, culturales o sociales;  realizando las reformas institucionales necesarias; considerando la salud como un  elemento fundamental e integrador de cualquier iniciativa. 

Se propondrán políticas de alcance universal respecto de niños, niñas y adolescentes,  personas mayores que no gocen de beneficio jubilatorio, personas con discapacidad y  desocupadas, ellas son la llave de ingreso a la reparación del deterioro social. 

Promovemos el efectivo ejercicio de los derechos, garantizando el acceso a una  ciudadanía plena, a través de la creación de políticas públicas destinadas a promover la  inclusión social e igualdad jurídica de los diversos grupos históricamente vulnerados en  sus derechos, removiendo las barreras jurídicas y legales que en la actualidad impiden  el pleno ejercicio de los derechos por razones o con pretexto de raza, etnia, género,  orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, religión, ideología, opinión,  nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier  circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo.  

Se debe promover la cultura de difusión permanente de los derechos para todos y todas,  atravesando las barreras culturales, etaria, de género, de posición económica o social,  de nivel de instrucción y fortaleciendo una construcción de ciudadanía que permita que  las personas conozcan y puedan ejercer sus derechos de manera integral. 

En materia de políticas de salud, debe garantizarse el acceso universal a la atención de  salud a través de un sistema eficaz y transparente basado en la estrategia de  prevención, de fortalecimiento e integración del sistema público de salud y una política  universal de salud y de medicamentos como bien social, trabajando particularmente en  prevención y atención primaria propendiendo a la rearticulación del sistema educativo  con el sistema de salud y garantizando las condiciones de vida que sostienen la  definición de salud como un estado de bienestar psicofísico y social. Ese criterio  integrador no limita su accionar a la recuperación de la salud sino que implica la totalidad  de acciones articuladas, individuales y colectivas que garanticen condiciones de vida  sana.

AMBIENTE   

Los cambios climáticos globales, que impactan y seguirán impactando con seguridad en  la región, son un elemento fundamental de injerencia. Es necesario desarrollar  estrategias y acordar políticas públicas para preservar las denominadas áreas y  especies protegidas, a la vez que desarrollar un intenso proceso de educación y  formación ambiental en todos los ámbitos.  

CULTURA Y EDUCACIÓN  

Sostenemos que el mayor valor del patrimonio cultural es la diversidad y consideramos  que hacerlo conocer, fortalecerlo, protegerlo contribuye a la creación de identidad del  pueblo fueguino, como particularidad y reconociéndose en la diversidad regional. 

Consideramos a la educación pública como el pilar fundamental para asegurar la  igualdad de oportunidades para todos y todas, y en tal sentido, valoramos el rol docente  propendiendo a la legitimación a través del saber y la idoneidad de todos los actores del  sistema, haciendo eje en el estudiantado, razón de ser del mismo sistema, de la  inversión pública que para sostener el mismo realiza toda la ciudadanía. La defensa de  dignas condiciones laborales no es incompatible con la garantía de resultados  educativos acordes a los objetivos educativos que plantea cada trayecto. 

Restablecer la cadena del saber implica garantizar y fortalecer los primeros pasos de  los alumnos y alumnas dentro de la educación sistematizada, por tal razón  consideramos imprescindible fortalecer los primeros años en los que los niños y niñas  toman contacto con ella.  

Abandonar el criterio de Estado administrativo para acceder a una provincia productivo administrativa conlleva plantear políticas educativas que estén en consonancia, por lo  tanto daremos especial impulso a la formación e investigación técnica y científica; así  como también, respetando las capacidades e intereses de los y las jóvenes y de  aquellas personas adultas que aspiren incorporarse al mundo laboral y prefieran la  educación no formal.  

Finalmente, la escuela inclusiva no es incompatible con el fomento de la excelencia, ya  que no suscribimos sólo con la educación para el trabajo, sino que debemos formar para  la innovación, la creación y el desarrollo de nuevos saberes. 

DEFENSA IRRESTRICTA DE LA VIGENCIA DE LA LEY 19640

Los beneficios impositivos que otorga la Ley 19640 a la radicación industrial resultan  fundamentales para la generación de puestos de trabajo en el ámbito provincial y  contribuye de manera sustancial al desarrollo humano y económico tanto en el orden  provincial como en el aporte que desde la provincia se realiza a la sustitución de importaciones en el ámbito nacional y su defensa garantiza la posibilidad del desarrollo  de innovación tecnológica, capacitación acorde y nuevas fuentes de trabajo. 

DEFENSA IRRESTRICTA DE SOBERANÍA NACIONAL SOBRE LAS ISLAS  MALVINAS, ESPACIOS MARÍTIMOS CIRCUNDANTES Y ARCHIPIÉLAGOS DEL  ATLÁNTICO SUR 

Somos la única Provincia del país con parte de su territorio ocupado ilegítimamente por  una potencia extranjera. Este hecho de usurpación colonial nos obliga a  comprometernos con el cumplimiento de la cláusula transitoria primera de la  Constitución Nacional y con el desarrollo de acciones que permitan consolidar la  posición de la Nación Argentina en el reclamo pacífico a través de los organismos  internacionales de sus derechos soberanos sobre las islas. 

Sobre estos cimientos sólidos y profundos, convocamos a todas las personas que, cotidianamente, desde su lugar, protagonizan y acompañan luchas, esfuerzos, triunfos y derrotas en el camino de la construcción de una provincia mejor y una vida más digna para todas y todos.